La Corte Internacional de Justicia ha fallado contra las acciones de Israel en Gaza 1511. La República de Sudáfrica presentó el caso 234710272829, alegando que la destrucción sistemática de la población de Gaza —mediante matanzas masivas, hambruna deliberada y la obliteración de infraestructuras civiles— viola la Convención sobre el Genocidio. El tribunal ordenó a Israel prevenir el genocidio, detener los ataques sobre Rafah y permitir la entrada de ayuda humanitaria 34. En menos de 48 horas, según la BBC 16, Israel lanzó más de 60 ataques aéreos sobre Rafah. Reuters señala 19 que el Tribunal Mundial ordenó a Israel detener el hambre en Gaza; la orden no ha sido obedecida.
“La CIJ carece de mecanismos de ejecución. Sus sentencias tienen peso moral y jurídico, pero los Estados sólo las cumplen cuando les conviene, o cuando otras potencias les obligan a ello.”
Esto no sorprende. La CIJ carece de mecanismos de ejecución. Sus sentencias tienen peso moral y jurídico, pero los Estados sólo las cumplen cuando les conviene, o cuando otras potencias les obligan a ello. El Gobierno israelí rechazó el caso sudafricano tachándolo de "infundado" y acusó al tribunal de antisemitismo 247. Esa respuesta lo dice todo sobre cuán en serio se toma Jerusalén la autoridad de La Haya. A fecha de agosto de 2024, según la BBC 34, sólo 17 de los 36 hospitales de Gaza permanecen operativos, y el 84% de los centros médicos de la región han sido destruidos o dañados. Más de 500 trabajadores sanitarios han sido asesinados 24. Israel ha destruido las 12 universidades de Gaza, el 80% de las escuelas y numerosas mezquitas, iglesias, museos y bibliotecas 34. No son éstas las acciones de un Estado preocupado por la censura jurídica internacional.
La sentencia, no obstante, altera el clima diplomático. Ofrece cobertura a gobiernos que desean distanciarse de Israel sin romper abiertamente con Washington. Proporciona munición a las campañas de boicot, las restricciones a la exportación de armas y los partidarios de las órdenes de detención. Aísla aún más a Israel en los foros multilaterales: la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional. Pero el aislamiento no equivale al freno. Israel ha soportado el aislamiento antes. Calcula —correctamente, hasta ahora— que Estados Unidos le protegerá de consecuencias serias, y que las quejas europeas no se traducirán en sanciones ni rupturas.
La distancia entre sentencia jurídica y realidad política es lo que cuenta aquí. La CIJ ha determinado que el bloqueo israelí es ilegal 11, que sus acciones entrañan riesgo de intención genocida 34 y que los palestinos tienen derecho legítimo a la protección contra el genocidio 27. Nada de esto ha impedido la continuación de lo que múltiples medios describen 39121314 como destrucción sistemática e intencional de la población de Gaza. Las medidas cautelares del tribunal debían ser vinculantes. Han sido ignoradas. La lección no es que el derecho internacional sea irrelevante —proporciona el vocabulario y el marco para la rendición de cuentas— sino que sin mecanismos coercitivos es decoración.
¿Qué cambia? Poco sobre el terreno. La campaña militar israelí continúa; según The Lancet 3, las muertes por trauma hasta mayo de 2025 se estimaban en torno a 93.000, aproximadamente el 4-5% de la población gazatí anterior a la guerra. El número de muertos a fecha de agosto de 2025, según el Ministerio de Salud de Gaza 3, supera los 60.000, una media de 91 muertes diarias. El bloqueo persiste 3712; el agua y la electricidad permanecen cortadas 37; 1,9 millones de palestinos —el 85% de la población de Gaza— han sido desplazados por la fuerza 3. La sentencia de la CIJ no detiene nada de esto. Simplemente registra, para la historia, que el máximo tribunal mundial lo consideró ilícito. Quizá importe a largo plazo, cuando llegue el ajuste de cuentas. A corto plazo, es magro consuelo para quienes siguen atrapados bajo los escombros.