La Corte Internacional de Justicia ha fallado contra las acciones de Israel en Gaza [1, 5, 11]. La República de Sudáfrica presentó el caso [2, 3, 4, 7, 10, 27, 28, 29], alegando que la destrucción sistemática de la población de Gaza —mediante matanzas masivas, hambruna deliberada y la obliteración de infraestructuras civiles— viola la Convención sobre el Genocidio. El tribunal ordenó a Israel prevenir el genocidio, detener los ataques sobre Rafah y permitir la entrada de ayuda humanitaria [3, 4]. En menos de 48 horas, según la BBC [16], Israel lanzó más de 60 ataques aéreos sobre Rafah. Reuters señala [19] que el Tribunal Mundial ordenó a Israel detener el hambre en Gaza; la orden no ha sido obedecida.
Esto no sorprende. La CIJ carece de mecanismos de ejecución. Sus sentencias tienen peso moral y jurídico, pero los Estados sólo las cumplen cuando les conviene, o cuando otras potencias les obligan a ello. El Gobierno israelí rechazó el caso sudafricano tachándolo de "infundado" y acusó al tribunal de antisemitismo [2, 4, 7]. Esa respuesta lo dice todo sobre cuán en serio se toma Jerusalén la autoridad de La Haya. A fecha de agosto de 2024, según la BBC [3, 4], sólo 17 de los 36 hospitales de Gaza permanecen operativos, y el 84% de los centros médicos de la región han sido destruidos o dañados. Más de 500 trabajadores sanitarios han sido asesinados [2, 4]. Israel ha destruido las 12 universidades de Gaza, el 80% de las escuelas y numerosas mezquitas, iglesias, museos y bibliotecas [3, 4]. No son éstas las acciones de un Estado preocupado por la censura jurídica internacional.