Cuando la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel cesar de inmediato las operaciones militares en Rafah [8, 23, 24], supuso el pronunciamiento jurídico más claro que el tribunal podía emitir sin llegar a una determinación definitiva de genocidio. Israel respondió con más de sesenta ataques aéreos sobre la ciudad en cuarenta y ocho horas, según documentó Euro-Mediterranean Human Rights Monitor [8]. El desacato no fue incidental. Fue estructural.
El caso de genocidio presentado por Sudáfrica en enero de 2024 [1, 2, 3, 5, 25] activó medidas provisionales —órdenes vinculantes bajo el artículo 41 del Estatuto de la CIJ que exigen a Israel prevenir actos genocidas, permitir ayuda humanitaria y castigar la incitación [2, 3]. El tribunal consideró las alegaciones de Sudáfrica lo bastante plausibles como para justificar tales medidas [2]. En agosto de 2025, el Ministerio de Sanidad de Gaza registraba 60.138 muertos, un promedio de noventa y un fallecimientos diarios [3]. Más de 25.000 mujeres y niños figuran entre las víctimas confirmadas [1, 2]. La estimación de muertes traumáticas de The Lancet alcanzaba las 93.000 en mayo de 2025 —aproximadamente el 4–5 por ciento de la población prebélica de Gaza [3].