Cuando el Jurado Nacional de Elecciones dictaminó el 9 de junio que la primera vuelta presidencial de Perú no sería anulada [9], preservó la forma del proceso democrático sin hacer nada por abordar el fondo. La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez seguirá adelante según lo previsto [9], pero la maquinaria estatal que debería garantizar su legitimidad ya ha fracasado.
La lectura convencional trata esto como un drama electoral: márgenes estrechos, denuncias de fraude de Rafael López Aliaga (que ahora respalda a Fujimori [21]), cédulas premarcadas descubiertas en mesas de votación [19], observadores internacionales convocados por Human Rights Watch [2]. Ese encuadre presupone que las instituciones responsables de dirimir tales disputas conservan la capacidad de hacerlo. No la conservan. La destitución de la presidenta Boluarte en octubre de 2025 [12, 16] no fue precipitada por el teatro procedimental habitual de la política peruana, sino por la incapacidad del Estado de prevenir un ataque contra el grupo de cumbia Agua Marina, una institución cultural que trasciende las divisiones partidistas [15]. Cuando un gobierno no puede proteger a un grupo musical querido de la violencia organizada, ha perdido el monopolio de la fuerza que sustenta la legitimidad electoral.